Un juez resuelve que el ciberespionaje de Estados Unidos no es inconstitucional

Un juez de Estados Unidos ha desestimado una demanda en contra de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que la acusaba de coartar la libertad de expresión de sus ciudadanos y violar su privacidad al haber hecho uso de los programas de ciberespionaje dados a conocer por el activista y ex funcionario de la CIA, Edward Snowden.

La Unión de Libertades Civiles de las Américas (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó la demanda cuando se descubrió que la empresa de telecomunicaciones Verizon compartía con el gobierno estadounidense las comunicaciones de sus ciudadanos por orden de la NSA. Para la ACLU, estas acciones implicaban una violación de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos, que aboga por la libertad de expresión, así como de la cuarta enmienda, que defiende los derechos civiles a la privacidad.

Pero las alegaciones de la ACLU no convencieron al juez de distrito, William Pauley, que desestimó al caso porque afirma que está avalado por la sección 215 de la Ley Patriota, que defiende a la nación contra el terrorismo.

Para Pauley, estos programas de ciberespionaje son “una amplia red que puede detectar y aislar contactos casi imperceptibles”. Pero “esta tosca herramienta sólo funciona cuando recolecta toda la información”. De este modo, el juez Pauley considera que los datos recolectados “representan el contraataque del gobierno a al-Qaeda”.

El fallo de este juez entra en conflicto con el que Richard León, juez de distrito de Washington, emitió hace sólo dos semanas. Respondiendo a una demanda similar, el juez León calificó las acciones de la NSA como “inconstitucionales” y “Orwellianas”, y ordenó a la agencia que dejara de recolectar la información de los ciudadanos y destruyera toda la información obtenida.

Al enterarse de la decisión del juez, el subdirector legal de la ACLU, Jameel Jaffer, declaró: “Estamos tremendamente decepcionados por esta decisión, que malinterpreta estatutos importantes, subestima las implicaciones de privacidad del espionaje del gobierno y utiliza un precedente anticuado de forma errónea para pasar por alto las protecciones constitucionales civiles básicas”.

Tanto en el caso del juez Pauley como en el del juez León, se esperan las respectivas apelaciones.

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