La UE aprueba endurecer las penas contra los autores de ciberataques

El pleno de la Eurocámara daba este jueves su aprobación final -por 541 votos a favor, 91 en contra y 9 abstenciones- a una nueva directiva sobre ciberseguridad que endurece las penas a los autores de delitos cibernéticos. En caso de que se produzca un ciberataque, la norma obliga a los países de la UE a responder a la información requerida por otros Estados miembros en un plazo máximo de ocho horas.
La directiva, que ya ha sido consensuada con los Gobiernos de los Veintisiete, impone una pena máxima de al menos dos años de cárcel contra el acceso ilegal a sistemas de información y bases de datos, así como por interceptar comunicaciones o producir y vender los instrumentos necesarios para cometer estos delitos.

El texto establece una pena máxima de al menos tres años de cárcel por la utilización de “botnets” para la comisión de estos delitos, como por ejemplo, establecer controles remotos sobre un número concreto de ordenadores e infectarlos con virus informáticos.

Asimismo, se endurecen las penas para los ataques contra “infraestructuras críticas”, como instalaciones energéticas, redes de transporte o páginas web gubernamentales, que serán castigados con penas máximas de al menos cinco años de prisión. Los ataques cometidos por organizaciones delictivas o que causen daños graves también serán castigados con al menos cinco años.

En caso de que se produzca un ciberataque, y con el objetivo de garantizar una cooperación policial más efectiva, los Estados miembros requeridos deberán responder en un plazo máximo de ocho horas a las peticiones urgentes de ayuda de otros países.

Las personas jurídicas serán responsables de los delitos informáticos gracias a los cuales su empresa haya obtenido un beneficio -estará castigada, por ejemplo, la contratación de un hacker para acceder a la base de datos de la competencia-. Las sanciones podrían conllevar la exclusión del acceso de la empresa a subvenciones públicas o incluso la clausura de su establecimiento.

El texto será adoptado de manera formal por los Gobiernos en los próximos meses. Los Estados miembros dispondrán entonces de un plazo de dos años para incorporarlo a sus respectivas legislaciones nacionales.

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