Clausuran empresas por oponerse a inspecciones de software
Las empresas que se oponen a inspecciones de “las autoridades” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son clausuradas a la primera negativa.
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to, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) impuso medidas de clausura a una empresa de la Ciudad de México por oponerse a una visita de inspección en materia de software.
En abril de este año, el IMPI inició los procesos de clausura a empresas por oposición a las inspecciones de software. Con la medida impuesta el día de ayer, ya suman cuatro las empresas que por este motivo son clausuradas por la institución protectora de la propiedad industrial en México.
En esta ocasión el IMPI impuso la medida de clausura desde la primera oposición realizada por la empresa, misma que desatendió la orden de permitir una visita de inspección mediante la cual se pretendía verificar el uso legal de los activos de software.
“La empresa clausurada corresponde a un negocio del sector de la construcción ubicada en la delegación Benito Juárez. Para la ejecución de la clausura se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”, escriben BSA-IMPI, en un comunicado conjunto.
El IMPI está llevando acabo acciones de inspección a los activos de software de las empresas en todo México como parte de la campaña ¿Qué traes en tu sistema? que realiza en conjunto con la BSA, y cuyo objetivo es reducir los índices de piratería de software en ese país.
En el comunicado se agrega que “La BSA recomienda a las empresas prestar atención a estas visitas y dar las facilidades a las autoridades del IMPI para realizar su trabajo. Asimismo les aconseja tener al corriente sus inventarios de software, así como toda la documentación que acredite el uso legal de sus programas de cómputo”.
Cabe tener presente entonces que las BSA-IMPI, ambas organizaciones privadas, dan rango de “autoridades” a los empleados del IMPI.
La campaña ¿Qué traes en tu sistema? fue lanzada por la BSA-México y el IMPI durante 2012, luego de refrendarse un convenio de colaboración que existe desde al año 2002 entre las dos instituciones. Mediante este convenio, se instrumentan acciones a nivel nacional y regional en México, así como entre los diversos sectores productivos, con el objetivo de apoyar a las empresas a verificar la legalidad de los programas de cómputo que están instalados en sus sistemas informáticos, y lograr así incrementar el uso legal y legítimo del software.
Para el año 2011 el índice nacional de piratería de software según IDC, fue del 57% con pérdidas económicas de mil 249 millones de dólares para la industria.
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