El cibercrímen hace pensar en la seguridad nacional

tos que cursan en el Congreso de los Estados Unidos motivan la susceptibilidad o la crítica de distintos sectores de la opinión de ese país. Y también del mundo entero, pues lo que allí se apruebe puede repetirse en las demás naciones. Así sucedió con el proyecto de reforma de ley antipiratería SOPA, que temporalmente sucumbió ante la presión internacional.
Ahora, el congreso norteamericano estudia un proyecto que busca reforzar la capacidad del gobierno para regular la seguridad informática de las industrias.

Mejor seguridad
Este proyecto de ley, que puede ser aprobado en los próximos días, tiene por objeto garantizar que los sistemas informáticos que ejecutan las centrales eléctricas y otras partes esenciales de la infraestructura de los Estados Unidos, queden mejor protegidos del posible ataque de “hackers, terroristas u otros delincuentes”.

Los pormenores de estas partes del proyecto son los que han levantado la polémica, aunque buena parte del contenido de la iniciativa se ha mantenido en reserva en consideración, especialmente, a que podría tratar temas de seguridad nacional, en la medida en que busca impulsar la seguridad cibernética en contra de los constantes ataques que se dirigen al gobierno de EU, además de afectar las empresas norteamericanas, las redes de computadoras y las cuentas personales.

Esto demuestra también que las autoridades están cada vez más decididas a ponerse en guardia frente a los cibercriminales, quienes últimamente han tratado de apoderarse de más sistemas de los que controlan el funcionamiento interno de acueductos, plantas de energía eléctrica, nuclear u otras similares.

Infraestructura en riesgo
En los Estados Unidos esto afecta por igual y en medida significativa al sector público y el privado, si se tiene en cuenta que al menos el 85% de la infraestructura más importante, y en muchos casos secreta, de ese país, es propiedad y está operado por empresas privadas.

Por una parte están quienes sostienen que al proyecto le falta fuerza, mientras que los privados sostienen que en las disposiciones que establecería la ley quedarían limitadas las industrias que podrían ser objeto de regulación.

En medio de todo esto, al común de la gente lo que le va quedando entendido es que el punto crítico no es solamente la necesidad de establecer mayores controles y disposiciones que aumenten la seguridad informática que, sin duda, ha sido un problema creciente, sino la relación público-privada que se ha formado en busca de la eficiencia en la prestación de ciertos servicios públicos.

Daños catastróficos
En síntesis, estamos comenzando a ver de qué manera sin que se atente contra la libertad de acción de las empresas privadas, se puede legislar contra lo que han llamado el cibercrímen, cuando este puede atacar servicios públicos “cuya interrupción podría dar lugar a la interrupción de los servicios de mantenimiento de la vida, el daño económico catastrófico o la degradación severa de las capacidades de seguridad nacional.”

En pocas palabras, del debate de las normas contra la piratería, el congreso de los Estados Unidos pasó al de la seguridad nacional frente al cibercrímen y en ambos casos se ha visto envuelto en interesantes polémicas que irán definiendo los modelos mundiales en estos asuntos.

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