Persecución policial a una web de streaming paso a paso

Estados Unidos ha llevado a cabo toda una persecución cibernética para dar con el administrador del sitio Channelsurfing.net, descubriendo rastro a través de la compañía de cable, su cuenta de PayPal, el correo de Gmail o su red de publicidad. Repasamos cómo es el proceso por el que las autoridades pueden llegar hasta el creador de un site considerado ilegal.

El procedimiento de Estados Unidos para poder descubrir quién estaba detrás de la web de reproducción de vídeo por streaming sin licencia requiere que los agentes de seguridad nacional reciban la colaboración de diferentes empresas de tecnología involucradas en el proceso.

La detención del administrador de Channelsurfing.net
En el caso concreto de Channelsurfing.net, no así en otros como en Rojadirecta.com cuyo administrador es conocido ya que su actividad ha sido declarada legal por la justicia española, lo primero que tuvieron que hacer los federales fue descubrir quién era la persona responsable detrás de la identidad “Allen Allen”, el usuario que había registrado el dominio.

Para conseguirlo tan solo tuvieron que preguntar a la compañía de cable Comcast, que los dirigió a David McCarthy, en Texas. Esta información fue corroborada con la cuenta de PayPal a desde la que se había hecho el pago, a nombre de Brian McCarthy, que resultó ser su hijo. Ambos habían utilizado la misma cuenta de Gmail, por lo que también preguntaron a Google. Y la respuesta volvió a coincidir.

El siguiente paso, continúa Arstechnica, fue averiguar cuánto habían recaudado a través de la publicidad de la página de vídeos. Channelsurfing.net trabajó con dos AdServers, ValueClick y Epic Advertising. Entre los dos habían pagado a Brian McCarthy unos 90.000 dólares.

Finalmente, las autoridades locales de Texas corroboraron que Brian seguía viviendo con su padre y pidieron una orden de arresto ante un tribunal de Nueva York que le puede condenar hasta por 5 años de prisión.

El cerco a la libertad de Internet

La neutralidad de la red se ha visto cercada desde distintos ámbitos, tanto política como legislativamente. Todo ello consecuencia de presiones de distintas industrias culturales y de entretenimiento. El bloqueo de webs, las demandas masivas contra usuarios y el establecimiento de leyes restrictivas están siendo la tónica habitual en los últimos años.

Pero la tendencia se está acentuando más si cabe. La elaboración de  ACTA y su apoyo por parte de importantes países, como Estados Unidos –uno de sus impulsores – u organismos como la Unión Europea, han creado un marco favorecedor para adoptar políticas que van contra la libertad en Internet.

Ha habido excepciones, como Chile, donde hicieron ley de la neutralidad de la red. Pero en otras partes se ha seguido un camino diferente. En Francia se puso en marcha la Ley Hadopi, para identificar y sancionar a los propios usuarios que descargan contenido protegido por derechos de auto. Recientemente se ha conocido que Portugal ha adoptado técnicas para identificar a hackers con el fin de cazar a los internautas que descarguen archivos.

En España ya ha sido aprobada la Ley Sinde, que apunta hacia las webs que ofrecen contenido con copyright y cuyas sanciones contarán con la mediación de un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, aunque finalmente se incluirá una figura judicial.

El caso de RojaDirecta, en Estados Unidos, es llamativo por la intromisión de un gobierno en una página de otro país, donde ya se había considerado legal por un juez. Esto da idea de cómo se puede llevar a cabo el cierre de webs sin que éstas tengan opción a presentar alegaciones o se les ofrezca tiempo para modificar sus servicios.

Fuente