España volverá a la lista pirata (301) de Estados Unidos

Cultura inicia el trámite del borrador del reglamento de la ‘ley Sinde’ mientras que la Coalición de Creadores da por perdido el año
España volverá a la famosa lista 301, el lugar donde el gobierno de Estados Unidos coloca a los países que permiten la piratería. Por los datos para las industrias del entretenimiento y la cultura, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos tiene claro que este año España no se salva. “En el escrito de acompañamiento supongo que los americanos tendrán en cuenta los esfuerzos del Gobierno”, ha apuntado Aldo Olcense, presidente de este ‘holding’. Asimismo, ha dado por perdido este año al retrasarse la publicación del reglamento de la ‘ley Sinde’.

En cuanto a los datos de piratería, el segundo semestre de 2010 continuó con la misma tendencia negativa en cuanto a la piratería. El valor total de lo copiado de forma ilegal ascendió a 5.562 millones, casi cuatro veces más por encima del consumo legal. En los últimos seis meses del año pasado solo se facturaron 1.500 millones. Con respecto al conjunto del año, la cifra de contenidos piratas fue de casi 11.000 millones (10.774,5), lo que equivale a un incremento interanual del 8,6%. Este aumento se debe, según Aldo Olcese, presidente de la Colación de Creadores, al retraso en la aplicación de la Ley de Economía Sostenible y su famosa disposición final segunda o ‘ley Sinde’.

En el segundo semestre de 2010, casi ocho de cada diez productos culturales o de entretenimiento que se consumieron el año pasado fueron piratas, lo que significa tres puntos más que en el mismo periodo de tiempo de 2009. La música continúa como el sector que más sufre esta lacra, con un 97,9% de piratería, seguido de las películas con un 75,8%, aunque ha bajado dos puntos desde el anterior observatorio. “Este descenso se debe a que se ha consumido más cine en las salas ya que hay más películas en 3D”, ha destacado el director de la Coalición, Andrés Dionis. El ‘holding’ de las sociedades de autores se ha mostrado muy preocupado por el incremento de la piratería en los videojuegos, donde alcanza un 66%, y en los libros (43%). La piratería se ha disparado 120 puntos por culpa de la popularización de los libros electrónicos.

Borrador

El presidente de la Coalición ha criticado la tardanza en la publicación del borrador de la ‘ley Sinde’. La ministra había asegurado que la nueva reglamentación entraría en funcionamiento para el verano. Sin embargo, no podrá cumplir estos plazos. El borrador inicia su camino por el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que hagan sus aportaciones al texto. Además, se mandará a Bruselas para que las autoridades comunitarias den su plácet. Esto provocará que hasta septiembre no se apruebe y que no se constituya el Consejo de Propiedad Intelectual antes de octubre. Para noviembre y diciembre se podrán dar las primeras sentencias. “Esto es dar el año por perdido”, ha apuntado Olcense, que ha reclamado al Ejecutivo que le confiera un carácter de urgencia.

El borrador del reglamento pretende impedir, previa autorización judicial, el acceso de los usuarios desde España a una web con el servidor en el extranjero y que permita descargar contenidos ilegales sujetos a derechos de autor. El borrador del Real Decreto de la ley Sinde tiene como objetivo regular el funcionamiento técnico de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje, así como las de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El reglamento, compuesto de 24 artículos, recuerda en su preámbulo que un órgano competente, en este caso la Audiencia Nacional, puede ordenar a un prestador de servicios de intermediación de la sociedad la información, -proveedores de telefonía-, «que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español». La ley antidescargas, recogida en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible y publicada en el BOE el 5 de marzo, permite la retirada de contenidos o la interrupción del servicio de una web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor, esté o no alojada en un servidor de España, previa autorización de un juez de la Audiencia Nacional.

El Real Decreto refuerza el procedimiento de mediación y arbitraje de la sección primera de la comisión con el propósito de la resolución «voluntaria» y «extrajudicial» de los conflictos sobre propiedad intelectual. En el caso de la mediación, el Real Decreto establece como máximo nueve meses para que se resuelva el conflicto, mientras que el laudo arbitral, que tendrá «carácter vinculante, ejecutable e impugnable», deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses desde que las partes formulen sus posiciones definitivas.

Los titulares de derechos de autor o las entidades o personas naturales o jurídicas que los representen pueden también dirigirse directamente a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual -nunca actuará de oficio-. Ésta también instará a la web de forma voluntaria la retirada de los contenidos o la presentación de alegaciones en el plazo de 48 horas.
Transcurrido este plazo sin que ninguno de estos requerimientos hayan sido seguidos, la sección pedirá que ambas partes presenten conclusiones en cinco días, tras los cuales la comisión tendrá otros tres días como máximo para dictar resolución, según recoge Efe. Declarada en dicha resolución la existencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, la sección segunda ordenará, previa autorización judicial, la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde su notificación. La resolución contemplará, asimismo, para el caso de incumplimiento dentro del plazo de 24 horas, «las medidas de ejecución forzosa dirigidas a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que correspondan para el eficaz cumplimiento de la resolución».

«Los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a este requerimiento de colaboración en un plazo de 72 horas desde la notificación», añade el Real Decreto que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y que podría comenzar a aplicarse en tres meses.

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