Las empresas que pirateen software incurrirán en un delito penal

  El nuevo código penal permite que las organizaciones que tengan instalados programas sin licencia puedan ser directamente multadas, además de perder contratos públicos, subvenciones y beneficios fiscales.

El pasado 23 de diciembre entró en vigor Ley Orgánica 5/2010, que introduce importantes novedades en el Código Penal español, entre ellas, que por primera vez se introduce la responsabilidad penal directa de las empresas por determinados delitos, incluidas las actividades de uso y reproducción de software sin licencia en el ámbito corporativo, como advierte la BSA.

Las penas previstas para delitos contra la propiedad intelectual del software incluyen multas que pueden llegar a un importe equivalente al triple del beneficio obtenido y en algunos casos, al cuádruple, las cuales podrán imputarse directamente contra el patrimonio de la empresa. Esta responsabilidad económica se añade a la responsabilidad civil derivada de la indemnización por daños y perjuicios a los fabricantes de software por los programas sin licencia.

Pero las consecuencias van más allá, ya que el nuevo artículo 31 bis del Código Penal añade penas adicionales específicas, que van desde la disolución de la empresa a la intervención judicial, pasando por la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público o para gozar de beneficios o incentivos fiscales.

Todo ello hace imprescindible el establecimiento en las empresas de modelos efectivos de prevención de este tipo de delitos, que les permitan detectar su posible comisión y, en caso de ser detectados, actuar con la rapidez y eficacia necesarias para su inmediata subsanación. Entre las medidas destaca la existencia de unas normas de uso de sistemas de información que prohíba de forma expresa cualquier instalación, uso o reproducción de programas de ordenador no autorizados. El establecimiento de estos modelos de prevención es de especial importancia para el segmento de las PYMES, que, a fecha de hoy, siguen siendo las que cuentan con una menor cultura de control interno en cuanto al uso de los sistemas de información.
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